PRONUNCIAMIENTO DE REPUDIO
Ante el tratamiento del proyecto de ley sobre “FALSAS DENUNCIAS”
en el Senado de la Nación
PROYECTO S-0228/2025 – QUE OBTUVO DICTAMEN FAVORABLE PARA EL PROYECTO DE FALSAS DENUNCIAS por la COMISIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES y ahora tiene fecha de discusión el 6 de Agosto próximo.
El Consejo Profesional de Asistentes Sociales de la provincia de La Pampa (CPAS, expresa su más enérgico repudio al tratamiento legislativo del proyecto de ley que propone modificar los artículos 245 y 275 del Código Penal de la Nación, elevando las penas por “falsa denuncia” y “falso testimonio” e incorporando agravantes específicos cuando la denuncia se produzca en contextos de violencia de género, delitos contra la integridad sexual o contra niñas, niños y adolescentes.
Nos pronunciamos con la legitimidad que nos otorga la Ley Federal de Trabajo Social N° 27.072, que define nuestra profesión como una disciplina orientada a la promoción, protección y restitución de derechos, y con la autoridad que nos confiere la intervención cotidiana —territorial, institucional y pericial— de las y los colegas que se desempeñan en los equipos de niñez, género, salud, educación, justicia y desarrollo social. Hablamos desde el lugar: de quienes acompañamos los procesos reales que atraviesan las personas antes, durante y después de una denuncia, en contextos donde las distancias, la ruralidad y la escasez de dispositivos especializados agravan las barreras de acceso a la justicia.
El proyecto carece de sustento empírico
La evidencia disponible, tanto de organismos internacionales, nacionales, como de la experiencia acumulada por los equipos especializados, indica que las denuncias falsas en materia de violencia de género y abuso sexual constituyen un fenómeno estadísticamente marginal – asi lo demostró el ANALISIS DEL RELEVAMIENTO FEDERAL Falsas denuncias(art. 245 P) y falso testimonio(art. 275 P) PROYECTO S-0228/2025 – PERIODO 2023-2025 del Observatorio de Violencia de género de los Ministerios Públicos y que además La Pampa informó NO haber registrado casos por falsa denuncia o por falso testimonio para el periodo analizado que impliquen violencia de género, mientras que el verdadero problema estructural es el inverso: la enorme brecha entre los hechos de violencia que ocurren y los que llegan a denunciarse, y la aún mayor distancia entre las denuncias y las condenas. Legislar sobre un problema sobredimensionado,que refuerza estereotipos y contradice estándares internacionales, sin diagnóstico riguroso ni datos oficiales que lo respalden, no es política criminal: es construcción de un relato que instala la sospecha sobre la palabra de las víctimas.
Advertimos, además, una confusión conceptual grave y deliberada: denuncia falsa y denuncia no probada no son lo mismo. Sabemos, por nuestra intervención profesional, que la mayoría de estos hechos ocurren en el ámbito intrafamiliar o intimidad doméstica, sin testigos, con relaciones de dependencia económica, afectiva y habitacional entre las partes. Que una denuncia no alcance el estándar probatorio penal no la convierte en falsa; convierte en urgente el fortalecimiento de los dispositivos de escucha, investigación especializada y acompañamiento, exactamente lo contrario de lo que este proyecto propone.
El efecto será disciplinador y silenciador
Desde el rigor disciplinar del Trabajo Social afirmamos que el proceso de denunciar no es un acto administrativo: es el punto de llegada de un largo recorrido atravesado por el miedo, la vergüenza, la culpa, las presiones familiares, la dependencia y las barreras institucionales. Introducir la amenaza de una pena agravada de prisión para quien denuncia —precisamente y de manera selectiva en los delitos de violencia de género y contra las infancias— produce un efecto inhibitorio directo sobre el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. El mensaje que el Estado envía es inequívoco: denunciar es peligroso.
Este efecto recaerá con particular crudeza sobre las madres protectoras y sobre niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, cuyos relatos suelen ser puestos en duda mediante argumentaciones sin estatus científico. El proyecto no protege a inocentes: garantiza impunidad a agresores y desprotección a quienes ya se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad. Constituye, en los términos de la Ley 26.485, una forma de violencia institucional ejercida desde el propio aparato estatal.
Impacto sobre el ejercicio profesional
Alertamos asimismo sobre las consecuencias para las y los profesionales que intervenimos en estos procesos. Los informes sociales, las evaluaciones de riesgo, los dictámenes periciales y los acompañamientos que realizamos en el marco de nuestras incumbencias quedarán expuestos a un clima de judicialización persecutoria, en el que sostener la palabra de una víctima podrá ser leído como complicidad con una supuesta denuncia falsa. Se pretende disciplinar no sólo a quienes denuncian, sino también a quienes las escuchamos, evaluamos y acompañamos con criterios técnicos, éticos y de derechos humanos.
Repudiamos también las condiciones de su tratamiento parlamentario, caracterizado por la ausencia de participación de los equipos profesionales especializados, de los colegios y organizaciones profesionales, de los organismos de derechos humanos y de las propias víctimas, cuyas voces fueron sistemáticamente desoídas.
| Exigimos |
- El inmediato rechazo y archivo del proyecto de ley sobre “falsas denuncias” en todas sus versiones.
- La apertura de instancias de debate con participación efectiva de organizaciones profesionales, académicas, de derechos humanos y de víctimas.
- El fortalecimiento presupuestario y técnico de los dispositivos de prevención, atención y acceso a la justicia en materia de violencias por motivos de género y contra las infancias, hoy desfinanciados y desmantelados.
- La producción de datos oficiales, públicos y desagregados que permitan diseñar políticas basadas en evidencia y no en discursos estigmatizantes.
Este Consejo hace propio este posicionamiento en articulación con la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS) y con los colegios y consejos profesionales del país, e invita a las instituciones públicas, organizaciones sociales y a la comunidad pampeana en general a acompañar este repudio.
El Trabajo Social no es neutral frente a la vulneración de derechos: nuestro proyecto ético-político nos compromete con las víctimas, con las infancias y con la democracia. No vamos a acompañar con silencio un retroceso que costará vidas.
Ninguna víctima bajo sospecha. Ningún derecho menos.
# No son falsas denuncias. Faltan Denuncias
Santa Rosa, La Pampa, 31 de julio de 2026
Comisión Directiva Consejo Profesional de Asistentes Sociales de La Pampa
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